Han pasado más de cuatro meses desde la explosión que estremeció a la Bahía de Guayaquil la noche del 3 de junio de 2025. El atentado, que dejó seis locales afectados y pérdidas económicas superiores a los 30.000 dólares, fue calificado como un acto de terrorismo, pero hoy el proceso judicial avanza entre el silencio institucional y la incertidumbre de comerciantes y autoridades locales.
El artefacto explosivo, colocado en las calles Ayacucho y Chimborazo, iba acompañado de un panfleto con amenazas a dueños de módulos del sector. “Esta será la última advertencia”, se leía en el papel, que incluía una lista de nombres y la firma de una organización identificada solo como Activo. Desde entonces, la Fiscalía investiga el hecho bajo la figura de terrorismo, sancionada con hasta 22 años de prisión según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El seguimiento en cámaras y una escena que levanta sospechas
Las grabaciones de la empresa municipal Segura EP fueron claves para reconstruir el recorrido del vehículo que habría dejado el explosivo: un Nissan Sentra plomo de placas PUB-0742, registrado a nombre de Solón Antonio López Alcívar. Las imágenes muestran cómo uno de los ocupantes desciende del automóvil y coloca el artefacto.
A CONTINUACIÓN EL PARTE POLICIAL QUE CONFIRMA QUE A IVÁN B. LE ENCONTRARON PRUEBAS QUE LO VINCULAN CON EL NISSAN SENTRA PLOMO DE PLACAS PUB-0742 EL CUAL FUE UTILIZADO PARA COLOCAR EL EXPLOSIVO EN LA BAHÍA.
A través del sistema de videovigilancia, las autoridades rastrearon al vehículo hasta una casa en la cooperativa Antonio Neumane, en la Isla Trinitaria. Al día siguiente, el 4 de junio, un grupo de militares encapuchados y policías irrumpió en el inmueble y detuvo a Iván Michel Ballesteros Chilla, quien tenía antecedentes por robo. Sin embargo, fue liberado apenas diez días después, luego de un dictamen abstentivo emitido por la fiscal Marjorie Escobar Limones, con el respaldo del fiscal provincial Washington Astudillo.
Minutos después de la intervención, las cámaras registraron una secuencia que ahora despierta más interrogantes: un Porsche Cayenne negro, placas GRY-3452, vehículo registrado a nombre de Industrial Molineras C.A., empresa de la familia del presidente Daniel Noboa, llegó al sitio 34 minutos después de la salida de los uniformados.
De ese auto descendió una mujer con un bolso negro, que intentó ingresar a la casa allanada. Tras un breve intercambio con dos personas del sector, finalmente logró entrar al domicilio. El vehículo permaneció en el lugar al menos cinco minutos más. Hasta ahora, la Fiscalía no ha explicado el motivo por el cual ese vehículo aparece vinculado a la escena, ni si la mujer ha sido identificada.
CRETIFICADO ÚNICO QUE CONFIRMA QUE EL PORSCHE CAYENNE NEGRO, DE PLACAS GRY-3452, ESTÁ REGISTRADO A NOMBRE DE INDUSTRIAL MOLINERAS C.A.
MATRICULA DEL PORSCHE CAYENNE NEGRO, DE PLACAS GRY-3452, REGISTRADO A NOMBRE DE INDUSTRIAL MOLINERAS C.A.
Alcalde Aquiles Alvarez exige respuestas
El alcalde Aquiles Alvarez se refirió públicamente al caso y cuestionó la falta de transparencia del Gobierno central. “Estamos acostumbrados a ver cómo publican fotos de jueces o fiscales cuando hay reclamos desde el Gobierno, pero en este caso (un acto de terrorismo que estremeció a Guayaquil) hay un silencio total”, expresó el Burgomaestre.
También recordó que en el momento del atentado, la entonces gobernadora, hoy ministra de Gobierno, señaló que la seguridad de la Bahía era responsabilidad del Municipio. “Ese contexto es importante. No podemos quedarnos callados cuando se trata de un tema tan grave”, enfatizó.
Alvarez exigió al Gobernador del Guayas asumir su responsabilidad. “El silencio también comunica. Necesitamos certezas, no incertidumbres. Usted, como representante del Presidente en la provincia, puede y debe actuar”, reclamó.
El Alcalde además lamentó la inactividad de la mesa de seguridad provincial, que, según dijo, no se reúne desde hace dos meses. “Nos convocaron hace sesenta días, el compromiso era hacerlo cada treinta. Nunca más nos llamaron, pero nosotros sí hemos cumplido con lo que nos corresponde”, afirmó.
Horas antes de la rueda de prensa del alcalde Aquiles Alvarez, la Fiscalía General del Estado (FGE) difundió un comunicado en el que defendió su actuación dentro del caso de la explosión en la Bahía de Guayaquil.
En el documento, la institución explicó que, tras una “investigación técnica, objetiva y exhaustiva”, se resolvió emitir un dictamen abstentivo a favor de Iván Michael Ballesteros Chilla, al no hallarse elementos suficientes que demostraran su participación en el atentado del 3 de junio.
DOCUMENTO ENVIADO POR LA AGENTE FISCAL MARJORIE ESCOBAR LIMONES AL JUEZ JOHAN BRIONES VALERO EN EL QUE NOTIFICA EL CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN FISCAL Y EL DICTAMEN ABSTENTIVO A FAVOR DE IVÁN B.
Según la Fiscalía, el vehículo Nissan Sentra involucrado en el hecho presentaba duplicidad y alteración de números de identificación, lo que impidió vincularlo directamente con el procesado, mientras que los análisis telefónicos y testimoniales descartaron cualquier relación con actividades de extorsión.
Sin embargo, durante su pronunciamiento público, el alcalde Alvarez cuestionó y desbarató la versión fiscal, asegurando que los videos de Segura EP muestran de forma clara la trazabilidad de la captura y los indicios que, a su criterio, fueron ignorados en la decisión de archivar el caso.
Una denuncia que reavivó el caso
El Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales (CEDHUS), representado por Tannia Zambrano, fue la organización que interpuso la denuncia por terrorismo. Ante el estancamiento del proceso, el 19 de septiembre solicitó formalmente los videos del caso a la Policía Nacional, que negó la entrega.
El 26 de septiembre, el asambleísta Juan Andrés González, de la bancada de la Revolución Ciudadana, pidió los registros a Segura EP mediante oficio. Tres días después, la empresa municipal entregó los videos y la trazabilidad de las cámaras, evidenciando las secuencias que hoy alimentan el debate público.
“Estamos hablando de hechos documentados, no de rumores”, recalcó González. “La información proviene de Segura EP y forma parte de un proceso abierto en la Fiscalía por terrorismo. Pero seguimos sin respuestas concretas”.
La mañana de este miércoles, el asambleísta Juan Andrés González, coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), presentó públicamente una denuncia sobre las irregularidades y el aparente estancamiento en la investigación del atentado con explosivos ocurrido en la Bahía de Guayaquil el pasado 3 de junio.
González expuso ante los medios parte del material audiovisual obtenido de Segura EP, que, según dijo, revela elementos “graves y preocupantes” relacionados con la actuación de las autoridades y la presencia de un vehículo de Industrial Molineras C.A. en el sitio allanado tras el ataque. El legislador exigió explicaciones inmediatas a la Fiscalía General del Estado y a las entidades de seguridad, señalando que “no se trata de rumores, sino de hechos verificados en cámaras oficiales que siguen sin respuesta”.
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Un caso bajo la sombra del silencio
A más de cuatro meses del atentado, la investigación permanece en etapa de indagación previa, sin procesados ni avances públicos. Mientras tanto, los comerciantes de la Bahía viven con miedo ante las nuevas amenazas y el mutismo oficial que rodea un caso con conexiones aún no esclarecidas.
“Necesitamos saber la verdad”, dijo uno de los afectados que prefirió mantener el anonimato. “Nos prometieron justicia y seguridad, pero lo que tenemos es silencio”.
Guayaquil, una ciudad que resiste entre la violencia y la incertidumbre, espera que esta vez el eco de la explosión no se pierda también entre las paredes del silencio institucional.
