Guayaquil acaba de dar un paso crucial en la regulación de la ocupación de la vía pública mediante la instalación de elementos de seguridad, marcando un hito significativo con la entrada en vigencia de la ordenanza pertinente, publicada recientemente en el Registro Oficial. Esta medida tiene un impacto directo en los colectivos y comunidades que han instalado rejas en su vecindario antes de la implementación de esta normativa.
Con un plazo máximo de seis meses, se insta a todos los residentes y comunidades afectadas a regularizar sus estructuras de seguridad de acuerdo con las nuevas pautas establecidas. La Dirección de Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento Territorial (DUPOT) asume un papel crucial en este proceso, evaluando si los elementos de seguridad cumplen con las especificaciones técnicas detalladas en la ordenanza.
La ordenanza presenta requisitos claros para la regularización de las rejas. Entre las especificaciones, se destaca la obligatoriedad de que los portones sean metálicos en su totalidad, sin viga superior fija que obstaculice el ingreso vehicular. Además, se prohíben las columnas de hormigón y las estructuras opacas que impidan la visibilidad desde y hacia la vía intervenida.
La estética también está bajo la mira, ya que se exige que las estructuras sean de material resistente y estén pintadas con pintura anticorrosiva en colores blanco, negro o verde. Es imperativo que no se encuentren en estado deteriorado. Además, se establece un requisito de consenso comunitario, donde el 70% de los vecinos debe estar de acuerdo con la instalación, un criterio aplicable tanto a nuevas solicitudes como a la regularización.
El incumplimiento de la regularización dentro del plazo establecido conlleva consecuencias graves. Las estructuras que no inicien el trámite serán retiradas de inmediato por la administración municipal, con los costos de retiro y sanciones a cargo de los infractores.
Para aquellos casos de instalación inicial, la ordenanza establece requisitos y procedimientos específicos para la obtención de un permiso temporal válido por un año. Es esencial destacar que, independientemente de si es una instalación nueva o una regularización, se debe garantizar que los elementos de seguridad no obstaculicen el acceso a personas con movilidad reducida.
Asimismo, se enfatiza la necesidad de asegurar la accesibilidad a entidades públicas y privadas relacionadas con servicios de emergencia, así como el tránsito vehicular y peatonal en un horario comprendido entre las 6:00 y las 20:00, los siete días de la semana. Esta medida busca equilibrar la seguridad con la necesidad de mantener la accesibilidad y movilidad en la ciudad.
En conclusión, la entrada en vigor de esta ordenanza representa un hito importante en la gestión de la seguridad urbana. Los residentes y comunidades afectadas deben tomar medidas rápidas para adaptarse a las nuevas regulaciones y garantizar la conformidad con los estándares establecidos, contribuyendo así a un entorno urbano seguro y accesible para todos.
