El Concejo Cantonal de Guayaquil aprueba dos ordenanzas para mejorar la seguridad y los servicios de la ciudad. Conoce los detalles y las implicaciones de estas normativas.
El Concejo Cantonal de Guayaquil, presidido por el alcalde Aquiles Alvarez, dio luz verde al proyecto de ordenanza que busca regular el uso del espacio público por parte de los ciudadanos que instalan rejas o portones en sus barrios para protegerse de la inseguridad.
La normativa establece los requisitos, condiciones y procedimientos para solicitar la autorización municipal para colocar estos elementos de seguridad, así como las sanciones por incumplimiento.
El alcalde Alvarez anunció que se realizarán socializaciones con los habitantes de los diferentes sectores de la ciudad para que conozcan los beneficios y obligaciones que implica la ordenanza.
Además, informó que la empresa pública SEGURA EP se encargará de instalar cámaras de vigilancia en las zonas que cuenten con rejas o portones autorizados, para reforzar el sistema de seguridad ciudadana.
El concejal Raúl Chávez, proponente de la iniciativa, explicó que la ordenanza busca regular una situación que ya existe en muchos barrios de Guayaquil, donde los vecinos han optado por cerrar sus calles con rejas o portones para prevenir el delito. Según Chávez, se trata de una medida opcional y voluntaria, que responde a un clamor ciudadano.
Chávez también aclaró que los barrios que soliciten la autorización municipal deberán pagar una tasa anual por el uso de la vía pública, que se calcula en base al área ocupada por las rejas o portones. El valor promedio es de USD 40, que se divide entre todas las viviendas que se benefician del cerramiento.
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En la misma sesión, el Concejo Cantonal aprobó en primer debate el proyecto de ordenanza que autoriza el ajuste de las tarifas reguladas de servicios del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, de acuerdo al contrato de concesión firmado con la empresa Terminal Aeroportuaria de Guayaquil (TAGSA).
La vicealcaldesa Blanca López, quien mocionó la norma, indicó que el ajuste porcentual fue propuesto por TAGSA, considerando los cálculos y parámetros técnicos que establece el contrato de concesión.
López señaló que el objetivo es garantizar la calidad y eficiencia de los servicios aeroportuarios, así como el cumplimiento de las inversiones y obligaciones contractuales.
