La situación en las 35 cárceles de Ecuador se agrava. No solo por el hacinamiento o las condiciones sanitarias, sino, sobre todo, por la situación jurídica: el 36,8% de los presos no tiene sentencia. Es decir, casi 13 mil reos.
Lo revela el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) en un reporte revisado por El Diario.
Hasta abril de 2025 había 34.748 detenidos (2.180 mujeres), de los cuales 21.946 han sido sentenciados. Eso sin contar a los adolescentes infractores.
Los registros del SNAI evidencian desde 2023 una sostenida alza del número de reclusos. Desde esa fecha a la actualidad hay casi 4 mil presos más. Mientras en el sistema judicial hay un colapso por las causas represadas, señala el SNAI.
El panorama será más crítico por las reformas que se tramitan en la Asamblea, el “contexto actual de permanente represión, con estados de excepción que se renuevan y la fallida declaratoria del conflicto armado interno”, según Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los DDHH.
De hecho, el Ministerio del Interior reporta de enero a abril de 2025 un total de 6.136 apresados en operativos o delitos flagrantes. Ante la falta de pruebas, muchos quedan libres.
“Si a todos le ordenaran prisión preventiva el panorama fuera todavía peor. El sistema penitenciario está colapsado y camina hacia el abismo. No nos olvidemos que solo en la Penitenciaría de Guayaquil hay más de 600 casos de tuberculosis y decenas de muertos por esta enfermedad”, remata Bastias.
Uno de los factores que ha propiciado el hacinamiento y los reos sin sentencia es “el abuso de la prisión preventiva por parte de los jueces”, apunta el teniente coronel (sp) Bolívar Garzón, exdirector del SNAI.
En ello coincide el Defensor Público de Ecuador, Ricardo Morales: “La medida cautelar de prisión preventiva es excepcional por mandato constitucional y debe ser considerada de última ratio (último recurso)”.
Para él, sin embargo, en el país se han violentado todas las normas: la prisión preventiva no es la excepción sino la regla. “La legislación tiene otras cinco medidas cautelares que los jueces pueden aplicar para asegurar la presencia de la persona procesada: prohibición de ausentarse del país, obligación de presentarse periódicamente ante el juez que conoce el proceso, arresto domiciliario, dispositivo de vigilancia electrónica y detención”.
Además, para el exdirector del SNAI en Ecuador tan solo 14 jueces especializados tratan procesos de beneficios penitenciarios. “Un derecho de las personas privadas de libertad, lo que mantiene abiertos unos 6.000 expedientes mientras el reo permanece en prisión”, recalca Garzón.
Hay casos, incluso, de personas sin sentencia que permanecen por más de un año en las cárceles, lo que viola la Constitución. Eso se da porque no tienen defensa particular, pública o sus trámites están represados. La prisión preventiva, según la Carta Magna, no podrá exceder de seis meses en los delitos sancionados con hasta cinco años de cárcel. O un año en los delitos sancionados con más de cinco años de prisión.
El dato: Hay 440 detenidos en las cárceles del país por el no pago de pensiones alimenticias. Y 307 por contravenciones.
La cifra: El SNAI tiene 2.800 guías penitenciarios para 35 prisiones de adultos y 20 de menores en todo el país. Ellos ganan un salari de $700.
Crédito de fotos: Agencia API
