El pulso político y técnico por la construcción del paso elevado en la avenida del Bombero, en el sector de Los Ceibos, volvió a encenderse tras un nuevo oficio del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). La disputa involucra a la Prefectura del Guayas, al Municipio de Guayaquil y al propio Gobierno central, y abre un escenario de incertidumbre sobre el futuro de esta obra vial que ha estado en el centro del debate en los últimos meses.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó con firmeza frente al documento ministerial que dispone la revocatoria de la autorización ambiental otorgada al proyecto. “Respetemos la autonomía de los GADs. La Prefectura tiene delegada la competencia para las licencias y registros ambientales, abrió un proceso administrativo, el Municipio compareció, entregó expediente y sustentó paso a paso… y el MAATE ni siquiera compareció al proceso”, señaló en una declaración pública.
Respetemos la autonomía de los GADs. La Prefectura tiene delegada la competencia para las licencias y registros ambientales, abrió un proceso administrativo, el Municipio compareció, entregó expediente y sustentó paso a paso… y el MAATE ni siquiera compareció al proceso.
Nunca… https://t.co/tcFec0vyTL
— Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) September 10, 2025
El pronunciamiento del alcalde se produce en un momento clave, después de que la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, anunciara el pasado miércoles la reanudación de los trabajos, tras el archivo del proceso administrativo abierto contra el cabildo porteño. Según Aguiñaga, el Municipio cumplió con la presentación de pericias y la defensa legal correspondiente, mientras que el Ministerio no amplió sus alegatos iniciales. Esa decisión parecía destrabar el proyecto, pero el nuevo oficio volvió a frenar el avance.
El documento difundido en redes sociales por la propia prefecta, y aparentemente firmado por la viceministra de Ambiente, María Daniela Limongi, establece que la Prefectura habría incurrido en una omisión al no considerar un informe técnico emitido en julio de 2025, en el cual se advertía sobre posibles impactos ambientales derivados de la obra. En ese sentido, el Ministerio asegura que la autoridad provincial no cumplió con el principio de precaución, estipulado tanto en la Constitución como en el Código Orgánico del Ambiente.
La disposición ministerial plantea cuatro puntos centrales: revisar de oficio la decisión de la Prefectura y revocar la autorización ambiental; revocar el registro ambiental emitido en 2023 para la ejecución del paso elevado; exigir la obtención de una licencia ambiental antes de cualquier reinicio de obra; y plantear una denuncia por posible delito ambiental conforme al artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal.
De aplicarse de inmediato, estas medidas significarían una nueva suspensión de los trabajos en Los Ceibos, apenas horas después de que la Prefectura anunciara que todo estaba en regla para continuar con la construcción. El escenario genera desconcierto en los moradores, que desde hace meses esperan una solución definitiva a la congestión vehicular de la zona y que ven cómo el proyecto avanza entre paradas y disputas institucionales.
Ya lo veía venir 🙄
1er acto: No respondieron, no sustentaron e insisten en la revocatoria.2do acto: ¿Qué será lo próximo? ¿El retiro de competencias? pic.twitter.com/QsSRtsrbfg
— Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) September 10, 2025
La respuesta de Álvarez no se limitó a la parte técnica. Con un tono político, el alcalde cuestionó la insistencia del Gobierno central en intervenir en el proceso: “Nunca nos olvidemos que el MAATE incluso nos acusó afirmando de que habíamos falsificado documentos y que iban a denunciar en Fiscalía”. Y en otro momento de su intervención lanzó una dura crítica: “¿Estamos en la Rusia estalinista o qué? La autonomía no se toca. Dejen trabajar a la Prefectura y no sigan intentando paralizar el desarrollo de Guayaquil”.
Mientras la Prefectura defiende que el proceso administrativo fue llevado con todas las garantías y que el Municipio cumplió con las exigencias, el Ministerio insiste en que no se respetaron los principios ambientales y que la autorización es inválida.
Por ahora, el destino del paso elevado dependerá de si la Prefectura acata la orden ministerial o si se abre un nuevo capítulo judicial que prolongue la paralización.
